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Proceso judicial - Preámbulo

Los Tribunales de Justicia, a su acostumbrada y desesperante lentitud, han sumado, en mi caso, sentencias y resoluciones totalmente injustas y arbitrarias. Basten como ejemplos, que el Dr. Jaime Mulet Melià reconoció ante el Juzgado de Instrucción que era la primera vez que hacía una operación como la de mi hijo Edgar. Esta gravísima declaración no fue tenida en cuenta por la Jueza Roser Aixandri, que le absuelve de cualquier responsabilidad.

Asimismo, en la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona se reconoce la falta de información por parte del Dr. Mulet de los riesgos de la operación (uno de ellos era el estado vegetativo en que dejó a mi hijo). Sin embargo, los jueces de la Audiencia, nuevamente , lo absuelven, no relacionando esta falta de información a la que estaba obligado por la Ley General de Sanidad (Art. 10.5), con el irreparable daño causado a mi hijo Edgar.

¿Puede alguien, en su sano juicio, pensar que de haber sido informados de las dos circunstancias anteriores -primera intervención como la de Edgar que él hacía y el riesgo de quedarse en estado vegetativo (coma vigil)- hubiéramos permitido que nuestro hijo fuese operado por el Dr. Mulet?. Se nos privó así de nuestro derecho a una información, que por ley nos correspondía recibir, y a mi hijo Edgar de poder ser intervenido por un equipo con experiencia en su cardiopatía.

En la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, el Juez Valdivia lamentablemente no consideró oportuno hacer uso de la facultad que la Ley ponía a su disposición para reparar el mal causado a una víctima tan inocente, como es mi hijo Edgar. Tras una simple lectura de su resolución se observa que, tras dedicar los cuatro primeros folios de la sentencia a consideraciones jurídicas generales sobre pleitos sobre responsabilidad médico-quirúrgica, pasa a referirse al pleito en cuestión sólo en su último fundamento (el único que es jurídico), pero SIN ANALIZAR NI UNA SOLA DE LAS CUESTIONES TRATADAS NI DE LAS PRUEBAS APORTADAS, y se limita a decir textualmente: “A la vista de los anteriores razonamientos (¿¿cuáles??) se impone desestimar la demanda (...) “. No sólo no tuvo en consideración las pruebas aportadas, sino que ni tan siquiera se molestó en razonar (??) su negativa, condenándonos, nuevamente, a la indefensión más absoluta.

Posteriormente, se presentaron simultáneamente dos recursos ante el Tribunal Supremo, un recurso de casación y otro recurso extraordinario por infracción procesal, motivado éste por las gravísimas deficiencias que concurrieron en la prueba pericial, tanto en primera como en segunda instancia, y que los respectivos juzgados habían permitido, reflejando el nulo interés que, en mi caso, han tenido por la búsqueda de la verdad de lo que pasó en el quirófano.

El doble recurso se presentó en Octubre del año 2001. Cuatro años más tarde, el Supremo, amparándose en una ley promulgada con posterioridad, no los admite en función de la cuantía del proceso. Esta incomprensible decisión, discutible desde el punto de vista jurídico y totalmente alarmante desde el lado social y humano, vuelve a dejarnos en la más absoluta indefensión ante los tribunales, esos tribunales cuya labor debería ser la protección de la víctima, máxime cuando ésta es un menor. ¡¡Qué lejos han quedado estos jueces de la JUSTICIA!!.

Hace unos meses, presentamos la reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Servei Català de la Salut.


Proceso judicial - Recorrido
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